Viernes 23 de abril de 2010.
Sra. Verónica Olate.
Oficina 600 de Atención
Ciudadana.
Educación Superior.
Ministerio de Educación.
República de Chile.
En este escrito, quiero constatar la
denuncia que realicé en contra de la Universidad de los Andes, ante la Oficina
600 de Atención Ciudadana, del Ministerio de Educación, el día 24 de Agosto
de 2009, tanto por el accidente que me
afectó, como por los hechos horribles que se sucedieron en los trabajos
sociales organizados por esta misma Casa de Estudios, entre el 16 y el 23 de
diciembre de 2008, en la localidad de Coñaripe (comuna de Panguipulli, XIV
Región de los Ríos).
En un primer momento, fui atendido por el
Sr. Belarmino Provoste, en la Oficina 600 de Atención Ciudadana. Después, usted
se hizo cargo de esta denuncia, como colaboradora, en la búsqueda de una
respuesta por parte de la Universidad de los Andes.
La respuesta oficial de la Universidad de
los Andes, (emitida el 7 de diciembre de 2009), quedó aclarada y firmada por
usted, en el siguiente escrito (el cual quedó registrado en la bitácora de la
denuncia en línea): “De acuerdo a las
consultas realizadas a la Universidad, el Sr. Arancibia, nos indica que usted
habría suspendido su tratamiento, demandando a la Casa de Estudios. Dado que es
una situación entre privados y está en manos de abogados, es una situación en
la que el Ministerio de Educación no puede intervenir. Saludos cordiales. Ed.
Superior”.
En primer lugar, es preciso observar la
falta de rigurosidad y racionalidad, y la dilación de la autoridad competente
–de quienes en este caso, han estado a cargo de la denuncia-, a la hora de
analizar mi caso. Puesto que la Universidad de los Andes, fue la que liquidó
las atenciones médicas en el Hospital del Trabajador de Santiago, como consta
en los documentos que están a disposición de cualquier persona en Internet,
desde el 13 de noviembre de 2009 (ver en Google: “Refutación pública al
comunicado de la Universidad de los Andes”), donde incluso están los timbres de
la misma institución; en verdad, este asunto resulta evidente. En consecuencia,
han sido engañados –sin tanto esfuerzo-,
por el Sr. Jaime Arancibia (Director de Estudios de la Universidad de los
Andes).
Como quedó de manifiesto en la prensa,
después de que terceras personas provocaran el accidente, en los trabajos
sociales, las autoridades a cargo (que no han sido objeto de un sumario y que
todavía trabajan y estudian normalmente, en la Universidad de los Andes), a
saber: el Sr. Mauricio Figueroa Diesel, (quien es Coordinador de la Oficina de
Vida Universitaria), el Sr. Nicolás Massmann (profesor adjunto de rectoría) y
el Sr. Pablo Joannon (sacerdote del Edificio de Humanidades), protegieron a los
alumnos culpables del mismo, me dejaron contra mi voluntad durante ocho días,
con hemorragias y con serias lesiones, en las condiciones que ellos imponían,
con terribles maltratos y amenazas, siendo presionado con ítemes
pseudorreligiosos de estricta relación con el Opus Dei, Prelatura de la Iglesia
Católica de la que son miembros la mayoría de las personas que he denunciado.
Fueron hechos de suyo traumáticos y degradantes. Entiendo que muchas acciones
fueron ejecutadas en nombre de la voluntad de Dios y de San Josemaría Escrivá
de Balaguer, y otras acciones, fueron ejecutadas para satisfacer la particular
psicología y visión antropológica y ética, tanto de los alumnos como de las
autoridades que participaban en los trabajos sociales. Estas experiencias me
han comportado un profundo dolor, desconcierto y tristeza, sin contar una serie
de otras crueldades que se llevaron a cabo en contra de mi persona, en la
localidad de Coñaripe.
Es preciso señalar que el Sr. Mauricio
Figueroa, (quien era coordinador de los trabajos sociales), después del
accidente realizó una llamada para pedir algunos de mis datos a la Sra. Pilar
Contreras (que era Directora de la Oficina de Asuntos Estudiantiles, y que
ahora se desempeña como Secretaria Académica del Programa de Bachillerato de la
Universidad de los Andes), y ella sólo acertó a decir: “¡puta el huevón!” Esta
señora no avisó a rectoría ni a mi familia. Al regresar a Santiago, me dejaron
literalmente botado en el estacionamiento de la Universidad de los Andes, a mi
suerte. Nadie avisó a mis padres, nadie me llevó a un centro de urgencia, y por
supuesto, las autoridades citadas, nunca dieron el aviso correspondiente a rectoría.
Ahora bien, posteriormente, yo llamé al Sr.
Joaquín García-Huidobro (Consejero de la Universidad de los Andes, quien ahora
es Director de Estudios del Instituto de Filosofía), a la rectoría de la Universidad
de los Andes, y me enteré de que ni él ni el rector Orlando Poblete, ni nadie
sabía de estos hechos. Estas autoridades, tras ver el error que habían
cometido, al no reconocer el accidente, al notar que sus funcionarios no le
habían dado aviso, y frente a mi insistencia en la búsqueda de atención médica,
enviaron una carta de respaldo al Hospital del Trabajador de Santiago firmada
por Alejandro Gutiérrez Gasparini (Administrador General de la Universidad de
los Andes), -supuestamente para apoyarme-, pero con curiosos términos que
acotaban los daños sólo a un “traumatismo en su pierna”, cuando en realidad los
daños no eran sólo en mi pierna. En este hospital, me atendió un médico amigo
de las autoridades de la Universidad de los Andes, fui intervenido
quirúrgicamente –me colocaron titanio en mis huesos-, me inyectaron
medicamentos que me provocaron daños, y en lugar de dejarme más tiempo, me
despacharon al otro día de la cirugía, sin mayores explicaciones; estuve los
siguientes dos meses con fiebre y vómitos. Y esto es sólo un resumen de lo que
tuve que vivir. En la rectoría de la Universidad de los Andes, estaban al tanto
de cada detalle, y no enviaron a nadie para ayudarme en nada. Además, paradojalmente,
siempre tuve limitaciones con dicha carta de respaldo, tanto en las atenciones
como con las fechas. El Sr. Joaquín García-Huidobro y el rector Orlando
Poblete, no se daban por aludidos, pese a que siempre yo comunicaba mi
situación, por teléfono y correo electrónico. Esto llegó al punto en que,
estando con fiebre y vómitos, tuve que vivir reiteradas humillaciones, de parte
del personal de Cuentas Corrientes del Hospital del Trabajador de Santiago, que
insistía en que “yo debía pagar la cuenta o me demandaban”. Luego, la empresa
de cobranzas GESFIN (aliada del hospital),
se encargó de amenazarme, llamando a mi casa una y otra vez, día tras
día.
Finalmente, en los meses de marzo y abril de
2009, fui con mis propias muletas hasta la rectoría de la Universidad de los
Andes, y denuncié con detalles cada una de las cosas que habían sucedido en los
trabajos sociales, y a pedir auxilio en lo referido a mi salud. Sin embargo, el
rector Orlando Poblete, no hizo un sumario, y me dejó en manos de las mismas
autoridades que habían estado a cargo de los trabajos sociales: el Sr. Mauricio
Figueroa Diesel, (quien es Coordinador de la Oficina de Vida Universitaria); el
Sr. Nicolás Massmann (profesor adjunto de rectoría) y el Sr. Pablo Joannon
(sacerdote del Edificio de Humanidades), y además, permitieron la intervención
de la Sra. Pilar Contreras (que en ese tiempo era Directora de Asuntos
Estudiantiles). Luego, el Sr. Mauricio Figueroa Diesel, dio órdenes de cancelar
la cuenta en el Hospital del Trabajador de Santiago (el 14 de abril de 2009),
suspendió arbitrariamente una cirugía a la columna que iba a realizarme un
especialista, y todos los tratamientos y cirugías pendientes, y yo me quedé en
estado de total y absoluta indefensión.
Ahora bien, como le narré por teléfono, este grupo de
alumnos, profesores y funcionarios involucrados, al saberse seguros y
protegidos por el rector Orlando Poblete, continuaron con sus fechorías durante
todo el 2009 y sufrí de nuevas intimidaciones, maltratos y amenazas en
reiteradas ocasiones, tanto al interior de la Universidad de los Andes (cuando
fui a denunciar, en los meses de marzo y abril de 2009), como cuando estuve en
cama, en mi casa. También, mi familia fue afectada por esta serie de hechos.
Es importante subrayar, que nunca
desaparecí, tal como afirmó el Sr. Jaime Arancibia, en la prensa. Esto se
refuta, por la extensa comunicación que tuve con prestigiosos profesores de la
Universidad de los Andes (en persona, por teléfono y vía correo electrónico),
quienes solicitaron formalmente a rectoría un sumario, atención médica para mi persona, y que se
detuviera la violencia del grupo que me estaba intimidando.
En segundo lugar, el argumento de que se
trata de un asunto entre privados, resulta una afirmación insensata, porque la
Universidad de los Andes ha recibido los créditos del Ministerio de Educación,
y debe responder a esta autoridad no sólo por asuntos académicos o por la
calidad de la educación que en ella imparte, sino que también por las personas,
especialmente, si se ha atentado contra la vida y la dignidad humana de forma
descarada. Claramente, le caben responsabilidades a esta Casa de Estudios, como
institución educativa, y a cada uno de los involucrados tanto en el ámbito
civil como penal; entre otras cosas, por estas razones hay una demanda civil que
fue interpuesta por mi abogado, el Sr. Estanislao Dufey Loayza, el día 11 de noviembre
de 2009 en la Corte de Apelaciones de Santiago.
En tercer lugar, la explicación: “Dado que es una situación entre privados y
está en manos de abogados, es una situación en la que el Ministerio de
Educación no puede intervenir”, resulta absurda porque la Universidad de
los Andes no es exclusivamente “una empresa privada que presta servicios de
educación”, sino que se rige también por el derecho, por las garantías
constitucionales, por la Ley General de Educación y por un marco ético. Además,
esta respuesta es totalmente contradictoria al criterio del actual ministro de
Educación, el Sr. Joaquín Lavín, que va en contra de todo tipo de abusos, -comprendiendo
que la norma manifestada posee una validez suprapositiva, y cuya pretensión es proteger
a las personas, sin importar en qué tipo de establecimiento de educación se
encuentre, o si es un niño o un joven-”. Atiendo lo anterior, por las
afirmaciones del ministro en noticias recientes, relacionadas con el bullying:
(…) "que se vaya rompiendo esta ley de silencio, de
complicidad, en que se sabe que un niño es maltratado pero que ni sus
compañeros, y lo que es más lamentable, a veces ni los profesores que sabían,
lo han denunciado, sino que también se han mantenido en la complicidad y en el
silencio. Cuando hay adultos involucrados, eso es mucho más grave". (…)
Fuente:
http://latercera.com/contenido/680_252416_9.shtml
En definitiva, si es efectiva la promesa de
ayuda, -en los términos que usted me lo ha planteado cuando llamó a mi casa el
pasado miércoles-, esto es, derivar esta denuncia a las más altas autoridades
del Ministerio de Educación, para que se haga una investigación rigurosa en
relación a mi caso, con la posibilidad real de aplicar sanciones, entonces,
adjunto los requerimientos que me ha solicitado.
En
atención a los hechos expuestos y a la denuncia, solicito formalmente que:
1. se forme
una comisión investigadora especial, imparcial, del Ministerio de Educación, para
que se investigue mi caso. Y que la misma considere los testimonios de las
partes, las pruebas, y los respectivos escritos judiciales.
2. el
Ministerio de Educación, aplique las sanciones correspondientes a la
Universidad de los Andes, y al rector Orlando Poblete y al Sr. Jaime Arancibia,
por desplegar una metodología de trabajo que ha promovido la brutalidad, con la
que se ha apoyado descaradamente actos desalmados, sin ningún tipo reflexión;
con la que se ha atentado, en lo concreto, contra el valor de la vida humana y
de la familia; con la que se reprimió a los prestigiosos profesores y alumnos
de la Universidad de los Andes, que solicitaron un sumario; y por todo lo ya
expuesto.
3. se
sancione no sólo a los responsables, sino
que también a las autoridades que, conociendo mi situación, prefirieron guardar
silencio y ser cómplices, me refiero al Sr. Jorge Peña Vial (decano del
Instituto de Filosofía de la Universidad de los Andes), quien deliberadamente
no me prestó ayuda alguna, se burló de mi situación de salud, entre otras
cosas, y apoyó al Sr. Mauricio Figueroa
Diesel, al Sr. Nicolás Massmann, al sacerdote Pablo Joannon, y a los alumnos
responsables, en todo. También al Sr. Joaquín García-Huidobro, por lo ya referido.
4. se
deje en evidencia las graves consecuencias que estos hechos han significado
para mi salud; las condiciones en las que me encuentro actualmente, ya que todavía
tengo cirugías y tratamientos pendientes; los padecimientos físicos y
psíquicos, que han implicado meses de espera sin ayuda médica especializada y
definitoria, no sólo por la mercantilización imperante de la salud, sino que también
porque los recursos de mi familia tienen un límite; la falta de una ayuda
decente y efectiva, en el contexto de desastre que es el sistema de salud
pública en Chile; y las secuelas permanentes que he debido experimentar en mi
salud, a causa de esta injusticia.
5. se
atienda mi situación humana, en el sentido de que he perdido mi carrera, mis
proyectos y trabajos; a que sin razones de peso, la Universidad de los Andes haya
eliminado mi beca (que cubría un porcentaje); y que mi familia está financiando
mi situación médica, con todo lo que esto conlleva.
6. el
Ministerio de Educación, le exija a la Universidad de los Andes, que dé
disculpas públicas, y que incluya estas disculpas en su página web
www.uandes.cl, para no recibir más
ofensas telefónicas ni correos electrónicos de alumnos que “creen ciegamente en
la versión oficial de la Universidad de los Andes”, y que prometen todo tipo de
represalias, arrasando incluso con la dignidad de mi familia y mis amigos que también
han tenido sufrimientos mayores por esto mismo; y que se sancione a las
personas que han incurrido en cyberbullying, en mi contra, escribiéndome con
nombre y apellido, desde el correo Gmail-U.Andes, investigando caso a caso.
7. pueda
tener una audiencia con el ministro Joaquín Lavín, y que él dé una muestra
clara, contundente y pública, de que este tipo de denuncias en el Ministerio de
Educación no son en vano, ni un mero trámite burocrático, en el que los
ciudadanos están meses esperando una respuesta. Y para que esto no vuelva a
ocurrir con ningún otro alumno universitario, bajo ninguna condición o circunstancia,
y que, independientemente, del camino de la justicia se tomen medidas concretas
para que se respete la vida, la dignidad y la integridad de las personas.
En este escrito he realizado una síntesis de
mi caso, en los términos que usted me lo ha solicitado, esperando entregar
mayores detalles, en momento oportuno, aun cuando se trata de hechos
traumáticos y deshonrosos; insisto, espero que estos esfuerzos no sean en vano.
Por último, esperando que la autoridad
concrete las intenciones pronunciadas, quedo a la espera de la contestación de esta
carta enviada por correo electrónico, al que he adjuntado todos los documentos
pertinentes. Además, haré llegar una copia impresa de ésta, con los documentos,
por correo certificado, extendiendo el alcance de esta información al Sr.
Joaquín Lavín Infante, Ministro de Educación, y al Sr. Sebastián Piñera
Echenique, Presidente de la República de Chile.
Atte.,
Eduardo A. Hidalgo Castillo
Rut.: 15.410.99-4
C/C Sr. Joaquín Lavín Infante, Ministro
de Educación de la República de Chile.
C/C Sr. Sebastián Piñera Echenique,
Presidente de la República de Chile.